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El Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Territorio y Medio Ambiente han comenzado a precintar los asentamientos ilegales detectados en las partidas rurales, unas edificaciones detectadas por la Asociación de Vecinos de La Cañada del Fenollar y que denunciaron a las autoridades. «Marca un antes y un después en la lucha por la legalidad urbanística y la defensa del medio ambiente», afirman desde esta asociación.
Esta acción, materializada recientemente en una de las fincas de la zona conocida como La Molineta, es la colocación de cintas negras y precintos visibles. Afectan, según los vecinos, «a todas las fincas y a todas las subdivisiones ilegales, no solo a las obras, sino también a chabolas, caravanas, 'mobile homes', contenedores adaptados y demás elementos utilizados como habitáculos«.
La Asociación de Vecinos de La Cañada del Fenollar denunciaron la aparición de edificaciones en terreno rústico, algunas en zonas inundables. Unas construcción que, incluso, se anunciaban en redes sociales. Estas denuncias no solo llegaron a las autoridades autonómicas y municipales, que han actuado coordinadas para abrir los expedientes necesarios y clausurar estas edificaciones, también fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía.
El Ministerio Público, según han tenido conocimiento los vecinos, está incoando procedimientos judiciales a medida que llegan los atestados del Seprona, el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil.
La finca de La Molineta es solo la primera. Existen más de 30 asentamientos ilegales identificados, según los vecinos, que seguirán el mismo camino: precinto administrativo y posible imputación por delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente. No obstante, advierten que «la asociación continuará trabajando y vigilando que los precintos no sean vulnerados, y seguiremos denunciando todas las ilegalidades».
Los residentes quieren agradecer públicamente a todas las instituciones públicas que han hecho posible esta realidad: desde el síndic de Greuges, Ángel Luna, «cuyo informe fue determinante para activar la acción administrativa»; al director de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio y a la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, que ha creado un departamento específico para erradicar los asentamientos ilegales.
En el capítulo de agradecimientos, los vecinos valoran la labor de la Policía Local de Alicante por su comunicación directa con nuestro equipo de trabajo. También al concejal socialista Raúl Ruiz «por darnos voz» y al alcalde, Luis Barcala, «por manifestar su compromiso con la legalidad urbanística, aunque no apoyase formalmente la iniciativa de la oposición». También aplauden la implicación del concejal de Compromís Rafa Mas, «que ha mostrado una clara voluntad de trabajar por una ciudad ordenada y libre de industrias contaminantes».
«Este éxito demuestra que cuando las instituciones trabajan de forma transversal, independientemente de su color político, el beneficiario es la ciudadanía», han afirmado en un comunicado.
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