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El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha reforzado su flota de vehículos con la incorporación de diez nuevas autobombas de distintas características, que se destinarán a las diferentes áreas operativas del organismo para las labores de extinción y salvamento.
Con una inversión de 3.589.000 euros, los nuevos camiones, de última generación, permitirán mejorar el servicio, contribuyendo a disminuir los tiempos de respuesta y dando mayor seguridad a los efectivos.
Por un lado, el Consorcio ha adquirido cuatro autobombas urbanas pesadas (BUP) con capacidad para 3.000 litros de agua y 100 de espumógeno y dotación para cinco ocupantes. Estas Mercedes Benz 1530 F se destinarán a las Zonas Operativas de Marina Alta, Vinalopó, Bajo Vinalopó y Vega Sur.
Además, la Zona Operativa de L'Alacantí contará también con una nueva autobomba urbana ligera (BUL), Iveco Magirus, con cuba de 2.000 litros de agua y 60 de espumógeno y capacidad para cinco ocupantes.
Para la intervención en entornos forestales, los bomberos dispondrán también a partir de ahora de otras cuatro autobombas urbanas pesadas (BFP), que pueden transportar 4.000 litros de agua y 60 de espumógeno y dotación para seis ocupantes. En este caso, estos vehículos 4x4 de la marca Iveco Magirus recalarán en las Zonas Operativas de Marina Alta, Marina Baja, L'Alacantí y Vega Baja.
Finalmente, el Consorcio también ha comprado una autobomba nodriza forestal ligera (BNFL), con 6.000 litros de agua y 100 de espumógeno, dotación para dos ocupantes, tracción 4x4 y cuchilla quitanieves, de la marca Iveco T-Way, que se destinará a la Zona Operativa del Vinalopó.
Los bomeros de la Diputación de Alicante también han expresado su malestar por lo que consideran un «caos» en la gestión del consorcio y una «falta de coordinación» entre departamentos.
En el escrito se enumeran cinco puntos de conflicto: la «pésima gestión» durante la catástrofe de la DANA, donde la movilización «fue tardía y escasa»; el «incumplimiento» de los mínimos por categoría las 24 horas del día durante 365 días al año; la distribución de la plantilla por zonas, y «sobredimensionamiento» de altos mandos; el «incumplimiento unilateral de los acuerdos alcanzados con la parte social; y la «falta de control» horario para los altos cargos y el uso de los vehículos oficiales «para fines particulares».
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