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Imagen del Palacio de Justicia de Benidorm. T.A.

El Gobierno crea dos nuevas Secciones de Violencia sobre la Mujer en Alicante y Benidorm

La Ley de Eficiencia amplía las competencias para incluir «todos los delitos sexuales cometidos contra mujeres, independientemente de la relación entre la víctima y el agresor»

Martes, 3 de junio 2025, 17:13

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece la creación de 50 nuevas plazas de jueces y 42 de fiscales especializados en violencia sobre la mujer en toda España. En el caso de la Comunitat Valenciana, esta medida supone la creación de cinco nuevas Secciones especializadas en Violencia sobre la Mujer en los partidos judiciales de Alicante, Benidorm, Llíria, Vila-real y Castellón.

Las nuevas plazas de Alicante, Benidorm y Castellón entrarán en funcionamiento el 31 de diciembre de 2025, coincidiendo con la culminación del despliegue de los Tribunales de Instancia, que sustituirán los actuales juzgados unipersonales. Mientras que los de Llíria y Vila-real lo harán el 3 de octubre de 2025.

La eliminación de un Juzgado de Instrucción de Benidorm para transformarlo en uno de Violencia de Género ha levantado ampollas en numerosas asociaciones. En su día, la propuesta obtuvo un rechazo absoluto por parte de los jueces, letrados de la Administración de Justicia (LAJ), Fiscalía, procuradores y el Icali (Ilustre Colegio de Abogados de Alicante) quienes estimaban que este cambio supondría un «grave colapso» en la tramitación de los procedimientos, ya que las nuevas secciones encargadas de conocer casos de violencia sobre la mujer también tendrían que asumir la investigación de todos los delitos sexuales.

Los operadores jurídicos de Benidorm defendían que, para atender las necesidades reales de la capital de la Costa Blanca, que el año pasado registró más de 15 millones de pernoctaciones, no podía eliminarse uno de los cuatro juzgados de instrucción, sino que debía mantenerse y crear un nuevo Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Pero el Gobierno no ha atendido a sus protestas y estas unidades se suman a los 22 Juzgados de Violencia sobre la Mujer actualmente existentes en la autonomía, que pasarán a integrarse como Secciones especializadas dentro de los nuevos Tribunales de Instancia, tal como establece la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

En conjunto, la Comunitat Valenciana contará con un total de 27 Secciones especializadas, lo que «refuerza de forma significativa su capacidad judicial para atender este tipo de delitos». La medida, impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y diseñada de la mano del Consejo General del Poder Judicial, «muestra el firme compromiso del Gobierno con la protección de las víctimas de violencia de género y sexual, garantizando que el sistema judicial disponga de los recursos adecuados para brindar una atención especializada y eficaz», según ha informado este departamento en un comunicado.

La Ley de Eficiencia amplía además las competencias de estas Secciones, que hasta ahora se limitaban a los casos de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, para incluir «todos los delitos sexuales cometidos contra mujeres, independientemente de la relación entre la víctima y el agresor». Esto exige «una mayor especialización judicial» y permite una respuesta «más ágil, sensible y eficaz por parte del sistema», sostiene el Ministerio.

De este modo, España «cumple con las obligaciones internacionales derivadas del Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica». El Real Decreto aprobado prevé que cada nueva plaza de juez se acompañe de una plaza de fiscal especializado, lo que refuerza también la plantilla del Ministerio Fiscal en esta materia. A nivel nacional, la medida permitirá un incremento cercano al 50% en el número de jueces especializados en violencia sobre la mujer.

Entrada en funcionamiento

Según el Ministerio, esta transformación es «uno de los ejes centrales de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que impulsa la mayor reorganización del sistema judicial español en décadas, con el objetivo de hacerlo más moderno, funcional y especializado».

En total, la ley transformará más de 3.900 juzgados en 431 Tribunales de Instancia, permitiendo una distribución más eficiente de los recursos y una mayor capacidad de adaptación a la carga real de trabajo.

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