Frente común alicantino para frenar el enésimo recorte del trasvase Tajo-Segura

Las nuevas reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura han vuelto a poner en pie de guerra a los regantes por los enésimos recortes que sufrirán para el regadío en la zona de Murcia y el sur de la provincia de Alicante.

Según un informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, con el nuevo plan del Gobierno los volúmenes trasvasados para regadío sufrirán una reducción media del 50%, mientras que el 30% del tiempo el canal no transferirá agua al regadío. Con estos datos el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) ha convocado un acto de protesta este martes en la Cámara de Comercio de Murcia.

Encabezado por los presidentes Carlos Mazón y Fernando López Miras, el acto ha contado con una amplia representación de la sociedad alicantina, desde autoridades políticas de las localidades del sur a asociaciones de regantes y de agricultores, así como la patronal de la Comunitat en Alicante, la CEV.

Desde las esferas políticas han criticado duramente al Gobierno central por este «nuevo atropello al trasvase Tajo-Segura y al campo alicantino». El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha apelado a «la unidad de todos los españoles para defender el agua que necesita nuestra tierra y garantizar el futuro que se merece».

En el acto, destaca Mazón, se ha puesto de manifiesto que la aplicación de la propuesta para la actualización de las reglas de explotación del Tajo-Segura por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico supondrá una reducción media del 50% de los volúmenes trasvasados para regadío a partir de 2027.

Al respecto, el jefe del Consell ha asegurado que la Generalitat movilizará todos los medios a su alcance «con toda la capacidad de respuesta social, política, institucional, técnica y jurídica», y ha avanzado que presentará alegaciones a las nuevas normas de explotación del trasvase Tajo-Segura «porque el agua es de todos», además de recordar que «no es un recurso gratis».

Desde la Diputación de Alicante han aludido a una muestra más de «alicantinofobia por parte del Ejecutivo central». La vicepresidenta del organismo provincial, Ana Serna, asegura que se trata del «ataque más feroz del Gobierno de España hacia nuestra agricultura».

Desde la Confederación Empresarial de la Comunitat (CEV) también han criticado duramente estas nuevas reglas y el presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, ha mostrado su «rechazo» a esta modificación. Durante su intervención ha calificado esta acción de Moncloa como «un grave error que amenaza directamente a la competitividad de la provincia» e insiste en que esta protesta es «una respuesta firme a una deicisión que dejaría sin agua durante un 30% del tiempo a los campos.

Pérez ha querido dejar claro el déficit hídrico que padece Alicante y critica que «se nos penaliza como si hubiéramos gestionado mal nuestros recursos cuando Alicante es ejemplo en eficiencia hídrica, reutilización de aguas y desalinización».

Desde la Diputación de Alicante también tomarán cartas en el asunto y han avanzado que la Corporación provincial acogerá este próximo viernes la Comisión Técnica de la Comisión Provincial del Agua para analizar los efectos de la modificación de las Reglas de Explotación del trasvase Tajo-Segura y estudiar mecanismos o acciones de respuesta contra esta decisión.

El análisis realizado por el CEDEX arroja consecuencias demoledoras para el campo de Alicante, en el que los volúmenes del agua trasvasada se reducen drásticamente en cada uno de los niveles. Por ejemplo, en el 4, el volumen mínimo de los embalses de Entrepeñas y Buendía se incrementa en 131 hm3, mientras que en el Nivel 3 se contempla solo trasvase para abastecimiento, no regadío, mientras que hasta ahora se podía trasvasar un máximo de 12,5 hectómetros cúbicos al mes.

Desde Scrats aseguran que en el Nivel 2 también se elevan las condiciones, mientras que en el denominado Nivel 1, el actual, es «prácticamente inalcanzable, ya que para ello las existencias mínimas en los embalses de la cabecera del Tajo también se incrementan, pasando de 1.300 a 1.600 hm3».

«Si los volúmenes máximos del Acueducto Tajo-Segura establecidos en las previsiones de transferencia que constan en la normativa suponen 421 hm3 y la media de los volúmenes aportados por esa infraestructura durante su historia han supuesto unos 202 hm3, a partir de la aprobación de esta nueva regla supondrían llegar, en un régimen de normalidad, a apenas 100 hm3», denuncian los regantes.

«A este sinsentido hay que sumarle la reducción de explotación prevista para las aguas subterráneas en la cuenca del Segura, unos 213 hm3 que dejarían de ser objeto de aprovechamiento en el año 2027», expresan desde el colectivo, que asegura que solo quedan «promesas vacuas de incrementos de desalación y de interconexión de instalaciones de las que no se cuentan ni con los proyectos ni con la financiación precisa, haciendo imposible que existan medidas compensatorias».

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